Autonomía de una #FiscalíaQueSirva

¿Por qué es importante la autonomía?

La defensa de la legalidad, eje del trabajo de la futura Fiscalía, requiere que la institución pueda conducirse con plena independencia para investigar y perseguir las conductas criminales con objetividad, sin importar si éstas comprometen a altos funcionarios estatales, a través de un entramado institucional que protege la función de la fiscalía en la investigación y persecución de los delitos.

¿Qué dice la Convención Americana de Derechos Humanos sobre la autonomía de una Fiscalía?

La autonomía de la Fiscalía es una garantía específica protegida para:

  1. Garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas (especialmente cuando las conductas antijurídicas calificadas como delitos, constituyen a su vez, graves violaciones de derechos humanos).
  2. Respetar los derechos del imputado en el proceso penal (especialmente, su derecho a la presunción de inocencia).
  3. Cumplir el deber estatal de investigar y sancionar los delitos y las violaciones a derechos humanos.

Sin embargo, históricamente ha existido una relación de dependencia entre la actual Procuraduría General de la República (PGR) y otros órganos del Estado que pueden tener un impacto en su actuación independiente, la efectividad y el impulso de la investigación y el debido proceso que implica  que el ejercicio de la acción penal, pueden verse afectadas por intereses extralegales, como los políticos, ante su cercanía con el Poder Ejecutivo, que la llevan a terminar atendiendo  razones de Estado o intereses particulares o de grupo en lugar de la ley.

La Fiscalía debe ser autónoma

Las reformas para introducir o garantizar las garantías de imparcialidad y mecanismos para evitar los factores políticos de manera que se evite la arbitrariedad y se alejen los factores políticos de la investigación benefician la defensa de los derechos humanos.

Hay aspectos que afectan la autonomía institucional de los sistemas de procuración de justicia y la autonomía personal de los y las fiscales, como el desarrollo de garantías de diseño institucional, la posibilidad de recibir instrucciones generales en materia de persecución criminal, la creación de un servicio profesional de carrera fiscal, los mecanismos de rendición de cuentas, y las relaciones con la policía y las Fuerzas Armadas, entre muchos otros.

Los estándares mínimos bajo los que debería operar la Fiscalía que queremos parten del informe Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia[1] publicado en 2013 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

[1] CIDH, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44, 5 diciembre 2013.